La Ley General de Responsabilidades Administrativas (“LGRA”) no solo regula la conducta de los servidores públicos, sino que también tiene implicaciones directas para las empresas privadas que interactúan con ellos. En particular, los artículos 24 y 25 de la LGRA conforman un marco legal aplicable en la adopción de medidas sólidas de control interno y promoción de una cultura de integridad corporativa.

El artículo 24 dispone que una persona moral puede ser sancionada cuando sus directivos, empleados o representantes cometen faltas administrativas graves en su beneficio. Esto implica que la responsabilidad empresarial no se limita a las acciones de sus líderes, sino que se extiende a toda la organización. Las sanciones pueden incluir multas elevadas e incluso la inhabilitación para contratar con el gobierno, lo que representa un riesgo significativo para cualquier empresa privada.

Por su parte, el artículo 25 introduce los llamados programas de integridad, que consisten en un conjunto de políticas, prácticas y controles diseñados para prevenir y detectar irregularidades. La existencia de dichos programas puede ser considerada como atenuante en caso de que la empresa sea objeto de una investigación, constituyéndose así en una herramienta tanto preventiva como defensiva.

Un programa de integridad efectivo debe incluir:

• Manual de organización y procedimientos, delimitando funciones y responsabilidades.
• Código de conducta conocido por todo el personal.
• Políticas internas claras sobre regalos y relaciones con funcionarios públicos.
• Canales de denuncia confidenciales y accesibles para empleados y terceros.
• Sistemas de control y vigilancia, incluyendo auditorías internas periódicas enfocadas en áreas de riesgo.
• Capacitación continua en temas de ética, cumplimiento y medidas de integridad.
• Designación de una persona responsable de cumplimiento, con independencia y autoridad.

La adopción de estas prácticas no solo contribuye al cumplimiento normativo, sino que también fortalece la reputación corporativa y genera confianza entre clientes, inversionistas y autoridades. Las empresas que operan con transparencia y sistemas de control bien estructurados reducen significativamente los riesgos legales y financieros. La integridad empresarial es una obligación legal y una inversión en la sostenibilidad del negocio. Aquellas empresas que implementan programas de integridad y fomentan una cultura ética estarán mejor preparadas para afrontar los desafíos del entorno regulatorio y asegurar su crecimiento a largo plazo.