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En los últimos meses se ha observado en México un incremento en las cesiones de derechos de la demanda eléctrica (“kVAs”), en el contexto del nearshoring. Para los efectos de este artículo, un kVA es la unidad que mide la capacidad de transformación de voltaje necesaria para recibir un suministro eléctrico seguro y confiable. Esto es importante porque cada vez más usuarios finales demandan capacidad de transformación para aplicarse en los circuitos eléctricos donde se encuentran parques y naves industriales. No es de extrañar entonces el crecimiento en las cesiones de kVAs en el marco del fenómeno de la relocalización: existe gran demanda de kVAs y, sin embargo, hay escasez de capacidad en la infraestructura eléctrica.
Para este tipo de cesiones existe un modelo vigente de convenio emitido por la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) y publicado en el Diario Oficial de la Federación justo dos meses antes de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica. Este modelo se denomina Convenio para la Cesión de Derechos de la Demanda Eléctrica en Servicios de Media Tensión. Dada su fecha de emisión, en este modelo persiste la terminología del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones, publicado en 1998, y que continúa vigente en estos casos. Bajo el modelo de convenio de cesión mencionado, CFE comparece como propietaria de la infraestructura de distribución y transformación.
Por otra parte, el 22 de marzo de 2018 se publicó en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (“CONAMER”) el anteproyecto que pretendía establecer las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Aportaciones; hasta el 26 de agosto de 2022 ya se habían presentado una docena de comentarios a dicho anteproyecto, pero el último movimiento en el expediente fue la solicitud de baja del mismo. Posteriormente, la CRE inició una nueva consulta pública en la CONAMER a partir del 9 de diciembre de 2022, donde se han recibido algunos comentarios hasta el 21 de julio de 2023.
En este escenario, lamentablemente no existe en la actualidad un procedimiento debidamente regulado para la cesión de kVAs, lo cual provoca que estos trámites se vuelvan muy largos y provoquen grave incertidumbre. Además, en los procedimientos de conexión de nuevos centros de carga, así como incrementos de cargas existentes, los desarrolladores de parques
industriales están teniendo que realizar importantes inversiones en líneas de conducción y subestaciones, mientras que la CFE no ha invertido en los últimos años de manera suficiente en esos rubros. Se tiene información de que en la zona de distribución de Apodaca el precio del kVA llega a rondar los $350 dólares y en la zona de Tijuana hasta $500 dólares, lo cual destaca en comparación con el publicado en el Catálogo de Precios de CFE, que sirve como parámetro para la adquisición de kVAs, y cuyo valor ronda los $125 dólares.
Esperamos entonces que, por un lado, la CRE finalmente establezca un procedimiento regulado pero dinámico para que la capacidad de transformación de voltaje pueda ser cedida con agilidad y certidumbre entre usuarios finales; y, por el otro, que CFE ejerza a cabalidad su mandato como prestador exclusivo de los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante nuevas inversiones que permitan a México maximizar el aprovechamiento del potencial que ofrece el nearshoring.
