El 18 de enero de 2021 se hizo pública una carta enviada por los secretarios de Estado, Energía y Comercio de Estados Unidos a sus homólogos del gobierno mexicano. La carta, fechada el 11 de enero, contiene el mensaje oficial más claro y directo en defensa de los intereses estadounidenses en el sector energético mexicano desde que el presidente López Obrador ordenó congelar la aplicación del marco constitucional y legal energético del país y dictó una serie de medidas regulatorias y administrativas tendientes a inhibir la competencia de la inversión privada, extranjera y nacional con las empresas estatales mexicanas, Petróleos Mexicanos (“Pemex”) y la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”).
Las principales preocupaciones expresadas en la carta son el indebido trato regulatorio a favor de Pemex y CFE, así como la afectación a las inversiones de cientos de millones de dólares realizadas con financiamiento de algunos bancos de desarrollo de Estados Unidos, lo que ha puesto en duda el cumplimiento de México con sus compromisos en el USMCA. Al parecer, las dos gotas que provocaron que el vaso se desbordara fueron, por un lado las reglas que desde diciembre pasado han dificultado la obtención de permisos de importación y exportación de productos petroleros y gas natural, y por otro, los largos e injustificados “cierres” de las dependencias gubernamentales en materia de energía, como la Secretaría de Energía (“SENER”) y la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”).
La carta se suma ahora a las que los diplomáticos de Canadá y la Unión Europea presentaron a mediados del año pasado en protesta por la suspensión de las pruebas en plantas eólicas y solares ordenada por el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), y por la política de confiabilidad eléctrica de la SENER.
La carta también complementa otras enviadas por diplomáticos canadienses y de la Unión Europea a mediados del año pasado, en protesta por la suspensión de pruebas en plantas eólicas y solares ordenada por el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), y por la política de confiabilidad eléctrica de la SENER.
Hasta ahora, la única respuesta conocida del gobierno mexicano fue emitida por su Secretario de Energía, quien señaló vía Twitter que la relación con Estados Unidos en torno al USMCA y la materia energética, es de respeto a las normas constitucionales de cada país. Se hubiera esperado una argumentación más concreta haciendo referencia específicamente al capítulo 8 del USMCA, que reitera las normas constitucionales mexicanas, al tiempo que reconoce el contenido de otros capítulos del tratado que establecen obligaciones a México en cuanto a la imparcialidad regulatoria hacia sus propias empresas, y la protección de las inversiones, entre otras. La realidad es que, en los últimos meses, el Poder Judicial Federal mexicano ha suspendido, y en algunos casos, declarado inconstitucionales, varias medidas impulsadas por la Administración mexicana en el sector energético.
Los funcionarios estadounidenses salientes no estarán para pagar ninguna de las repercusiones políticas de la carta que enviaron. Sin embargo, han puesto la mesa para que la administración Biden continúe la conversación. Cabe esperar que la nueva administración Biden retome la vía diplomática institucional que se abandonó en los últimos cuatro años para favorecer las relaciones basadas en la afinidad personal; eso es, en sí mismo, una buena noticia para ambos países. También sería de esperar que la ambiciosa agenda de transición energética anunciada tras la campaña presidencial estadounidense tenga un impacto al menos en las cadenas productivas norteamericanas y, en el mejor de los casos, haga que el Ejecutivo mexicano reconsidere el cumplimiento de sus obligaciones internacionales por parte de su país. Por supuesto, el énfasis en una “recuperación verde” no debe desanimar a las empresas estadounidenses del subsector de hidrocarburos a buscar también el apoyo de sus representantes en el gobierno para proteger las inversiones que ya han realizado. Esperemos que se reanuden las discusiones pertinentes y que Estados Unidos y México sean capaces de alinear sus prioridades de una manera colaborativa y dinámica que beneficie a ambos países.
