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Durante este mes de noviembre de 2024, el gobierno federal mexicano ha presentado dos estrategias nacionales de políticas públicas para el sector energético:
- El 6 de noviembre, la Presidenta de la República y la Secretaría de Energía anunciaron la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, la cual busca fortalecer la planificación estatal, promover el acceso equitativo a la electricidad (justicia energética) y establecer reglas claras para asegurar e incrementar la inversión privada.
- El 13 de noviembre, se presentó la Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y Gas Natural, centrada en los objetivos de Petróleos Mexicanos (“Pemex”): priorizar la producción para el consumo interno; mantener una relación reservas/producción de al menos 10 años; aumentar la producción de petroquímicos para industria y campo nacionales, y consolidar la refinación para la autosuficiencia en gasolinas y diésel.
En los próximos meses, estas estrategias se deberán implementar a través de reformas legislativas, ajustes regulatorios y/o decisiones operativas, según sea necesario en cada aspecto. A continuación, ofrecemos un resumen de los contenidos más destacados de ambas estrategias, acompañados por algunos comentarios iniciales:
Estrategia Nacional del Sector Eléctrico
Inversiones públicas. Para asegurar la confiabilidad y continuidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la estrategia señala que la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) implementará un plan de inversiones entre 2024 y 2030 por $23,400 millones de dólares: $12,300 millones para generación (~13,000 MW de capacidad a instalar); $7,500 millones para reforzar la Red Nacional de Transmisión, y $3,600 millones para las Redes Generales de Distribución, con énfasis en subestaciones, transformadores y alimentadores. Esperamos que la infraestructura se pueda ejecutar de la manera más ágil y transparente posible, con la indispensable coordinación entre dependencias que anuncia la propia estrategia.
Participación privada. En cuanto a la inversión privada, se permitirá hasta un 46% de participación en generación eléctrica, con adiciones de entre 6,400 MW y 9,550 MW en energías renovables para 2030, con la intención de satisfacer la demanda del nearshoring por energía limpia y a precios competitivos. Por otra parte, se subraya que se continuará exigiendo el cumplimiento del Código de Red y manteniendo el 30% de respaldo de energía, lo cual podría ser una referencia para el requisito de contar con sistemas de almacenamiento. Además, se señala la necesidad de que la modalidad legada del autoabastecimiento transite a otras formas legales de participación, por ejemplo, pagando una tarifa “transparente” de transmisión, ya no el cargo de porteo emanado de la legislación de 2008.
Generación a gran escala y mercado eléctrico. En cuanto a la generación a gran escala, se permitirá la entrega de energía y capacidad a la CFE por parte de productores de largo plazo. También se admitirá la participación de productores “mixtos”, con una inversión estatal mínima de 54%. Además, se prevé que habrá generadores para el mercado eléctrico, los cuales deberán cumplir con los requisitos de confiabilidad y respaldo. Sobre esto último, una de las mejores señales que ofrece la estrategia es que permite presumir la subsistencia del mercado eléctrico a pesar de la nueva restricción constitucional sobre el “servicio público de electricidad”, si bien sus condiciones de operación podrían no ser óptimas si la reintegración corporativa de la CFE incluyera absorber al CENACE.
Generación en sitio. La estrategia también contempla modalidades de participación privada para consumo propio mediante generación en sitio. Para la generación exenta de permiso, se propone incrementar el umbral de 0.5 MW a 0.7 MW. Además, se prevé una simplificación para proyectos de abasto aislado con capacidad de entre 0.7 MW y 20 MW que no pretendan inyectar excedentes a la red, a fin de favorecer su desarrollo sobre todo en nuevos parques industriales. Consideramos que, aunque los umbrales podrían haber sido más ambiciosos, sin duda son de celebrarse pues abrirán numerosas oportunidades para este tipo de proyectos.
Regulación. Otro aspecto destacable es que se buscará garantizar la “independencia técnica de los reguladores”, como es la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”), a pesar de que ésta dejaría de ser un órgano regulador coordinado en materia energética, una vez que se apruebe la reforma constitucional sobre simplificación orgánica. En CCN aplaudimos que se subraye la importancia de la independencia del regulador -al menos técnica-, y esperamos que la CRE se conserve al menos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con 5 comisionados, como antes de la reforma de 2013-14. También se plantea simplificar trámites mediante una ventanilla única; de esto se ha hablado desde hace 15 años, enfrentando siempre el reto de que las competencias legales se distribuyen entre diversas autoridades.
Estrategia del Sector Hidrocarburos y Gas Natural
Régimen fiscal y eficiencia. Ante la declinación en la producción y el enorme endeudamiento de Pemex, la estrategia plantea un nuevo régimen fiscal simplificado con tasa única general de 30% sobre la producción de hidrocarburos, y de 11.63% en el caso de gas no asociado; el gobierno estima que esto permitiría capitalizar a la empresa, reducir su deuda y que invierta en proyectos estratégicos. Además, Pemex buscará implementar medidas de austeridad y eficiencia, incluyendo su integración en una sola empresa para conseguir ahorros por 50 mil millones de pesos, con la desventaja de que se propiciarían subsidios cruzados entre actividades diversas de la cadena de valor.
Petróleo y gas natural. En cuanto a los objetivos de producción petrolera, se planea mantener la plataforma en 1.8 millones de barriles diarios, con énfasis en los campos estratégicos de Zama y Trion, y con la posibilidad de proyectos de participación mixta. Además, se busca aumentar la producción de gas natural de 3.8 a 5 mil millones de pies cúbicos diarios procurando, entre otras medidas, la reducción en la quema y en las fugas de metano. Aguas abajo, hubiera sido interesante conocer qué visión tiene esta administración sobre pendientes regulatorios cruciales del mercado del gas natural, como el efectivo acceso abierto a los ductos de transporte, en particular los que usa CFE para importar gas natural desde Texas.
Petrolíferos. El gobierno aspira a optimizar las refinerías y alcanzar metas específicas de procesamiento en la Olmeca y en Deer Park, a fin de incrementar en 34% la producción nacional de gasolina, diésel y turbosina. Además, se plantea ampliar la capacidad de almacenamiento de petrolíferos y mejorar la logística para reducir costos y combatir el mercado ilegal. En este punto extrañamos alguna alusión a la posibilidad que tienen las empresas privadas de contribuir con el desarrollo de nuevas terminales de almacenamiento; diversos proyectos de este tipo se vieron afectados en la administración anterior.
Petroquímica, fertilizantes y sostenibilidad. Pemex también tendría iniciativas estratégicas en petroquímica, incluyendo la reactivación del complejo Cangrejera y la posibilidad de proyectos mixtos donde Pemex mantenga la propiedad, así como en fertilizantes, con el aumento en la producción de amoníaco y anhídrido carbónico. Notablemente, la empresa implementaría proyectos de energías renovables, cogeneración, litio e hidrógeno verde como parte de un plan de sostenibilidad enfocado en reducción de emisiones, conservación de agua y restauración de suelos. Esto supone un interesante giro de Pemex hacia la transición energética, como lo han emprendido la mayoría de las petroleras del mundo, aunque se esperaría para el mediano y largo plazos, una vez saneada su situación financiera.
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En CCN contamos con abogados expertos en derecho energético, quienes pueden brindarle asesoría para entender las implicaciones en sus proyectos ante la próxima implementación de estas estrategias.
