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El día de hoy, 31 de octubre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitución”) en materia de áreas y empresas estratégicas (la “Reforma Constitucional”), el cual entrará en vigor mañana 1 de noviembre.
Los cambios que trae consigo la Reforma Constitucional son los siguientes:
a) Sustituir el concepto de empresas “productivas” del Estado por el de empresas “públicas”, las cuales ya no se sujetarán a las mejores prácticas.
b) Eliminar la posibilidad de participación privada en los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica.
c) Establecer que los particulares no tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado en las demás actividades de la industria eléctrica.
d) Indicar que la esencia de dicha empresa es su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
e) Determinar que la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”) deben garantizar la seguridad nacional, la autosuficiencia energética, así como el menor precio posible de la electricidad, a través de la empresa pública del Estado que se establezca.
f) Prever que no constituirán monopolios las funciones exclusivas del Estado en las áreas estratégicas de litio y servicio de internet, así como prohibir las concesiones para la explotación de litio.
g) Explicitar que los ferrocarriles tanto de pasajeros como de carga son área prioritaria para el desarrollo nacional.
h) Derogar expresamente, pero sin precisión, los artículos transitorios de la reforma energética de 2013 que se opongan a esta Reforma Constitucional.
i) Ordenar la adecuación de la legislación correspondiente en 180 días naturales.
La Reforma Constitucional supone un replanteamiento significativo de la última reforma constitucional aprobada en 2013, con el potencial de incrementar el control estatal y fortalecer la participación de CFE en las actividades del sector eléctrico. Sin embargo, su redacción es amplia y sujeta a interpretación, por lo que es necesario esperar la legislación reglamentaria para determinar sus posibles alcances. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete han expresado que se continuará invirtiendo en generación eléctrica para apoyar el “nearshoring” y que el Estado gestionará la infraestructura necesaria para transmisión y distribución. También han manifestado que se promoverá la asociación con empresas privadas para impulsar la transición hacia energías renovables y que el esquema de inversión en el sector energético se definirá en las leyes.
Algunos de los aspectos más importantes que deberá resolver el Congreso de la Unión en materia de electricidad son: (i) cuál será la empresa pública a cargo del control y planeación del Sistema Eléctrico Nacional; (ii) si el mandato de no prevalecer sobre CFE dará sustento al despacho prioritario o incluirá otras medidas adicionales; (iii) cuál será el alcance del servicio público de electricidad, así como sus implicaciones frente al Mercado Eléctrico Mayorista; y (iv) qué aspectos efectivamente se abandonarán del régimen transitorio de la reforma energética de 2013.
Asimismo, existen diversos factores que pueden impactar en la implementación de la Reforma Constitucional, entre los que destacan: (i) los posibles riesgos de conflicto bajo el T-MEC; (ii) la interacción con el sector privado para definir los detalles regulatorios; así como (iii) la simplificación orgánica derivada de otra iniciativa de reforma constitucional que pretende eliminar ciertos órganos como la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”).
La instrumentación completa de reformas constitucionales suele ser un proceso de largo plazo. Con la publicación del Plan Nacional de Energía prevista para las próximas semanas, y la adecuación de las leyes en la materia, las empresas tendrán mayor visibilidad sobre las implicaciones y podrán tomar decisiones al respecto.
En CCN contamos con abogados expertos en regulación y procedimientos del sector energético, quienes pueden brindarle asesoría para entender cómo esta nueva reforma impactará a sus proyectos.
