El pasado 13 de junio, la Secretaría de Energía (“SENER”) emitió un oficio por el cual requiere al Centro Nacional de Control del Gas Natural (“CENAGAS”) para que, como parte de los requisitos para transportar gas natural a partir de los puntos de importación donde una empresa productiva del Estado (o sus subsidiarias o filiales; las “EPE”) tengan capacidad reservada aguas arriba de dichos puntos, se exija lo siguiente:
- Que los usuarios o interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural acrediten en un plazo de 60 días naturales que reciben el suministro de una EPE. En los puntos donde una EPE tenga capacidad reservada, deberá prevalecer la contratación con ésta.
- Que la prestación del servicio de transporte en cualquier modalidad en el sistema operado por el CENAGAS (“Sistrangas” por su acrónimo) esté asegurada con la contratación de capacidad de transporte aguas arriba con una EPE.
- Que las autorizaciones de las solicitudes de servicio de transporte (factibilidad técnica) estén condicionadas a que se cumpla alguno de los puntos anteriores.
Adicionalmente, en su comunicado, la SENER exhortó a la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) a modificar los términos y condiciones para la prestación de los servicios dentro del Sistrangas a fin de incluir las reglas mencionadas.
Es decir, la SENER pretende que los usuarios del Sistrangas compren el gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) o Petróleos Mexicanos (“Pemex”), o que al menos adquieran de éstas la capacidad de transporte en territorio estadounidense. Esto con el insuficiente fundamento en la facultad de la SENER para establecer, conducir y coordinar la política energética de México. Así, con el pretexto de que se utilice la capacidad no aprovechada de las EPE en el Sistrangas, la SENER busca imponer como comercializadores a las EPE, y sobre todo a CFE, lo que sería violatorio del principio constitucional de libre competencia y concurrencia económicas. Ello en lugar de poner a disposición de cualquier interesado la capacidad disponible de las EPE a través de una temporada abierta conforme a la legislación vigente.
La Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) ha alertado que esta estrategia afecta las condiciones de competencia en el mercado del gas natural, pero también en el de electricidad, de manera grave e irreparable, pues impide a los usuarios que no deseen contratar con empresas del Estado el acceso en igualdad de condiciones a la capacidad del Sistrangas. La estrategia limita la entrada de nuevos comercializadores de gas natural, además de que impide contratar proveedores más eficientes con una intermediación obligatoria que podría elevar los precios de este combustible.
Mientras tanto, el CENAGAS ya notificó a ciertos usuarios de transporte un oficio por el que les exige cumplir con la estrategia de la SENER y presentar información que demuestre que tienen contratos con CFE o Pemex. A su vez, Pemex emitió una carta informando a los usuarios de la capacidad disponible que tiene para facilitar el cumplimiento de los requerimientos del CENAGAS.
Según se dio a conocer el pasado 20 de julio, la Representante Comercial del Gobierno de Estados Unidos decidió incluir las acciones de la SENER y el CENAGAS en este ámbito como uno de los cuatro rubros de la política energética de México recién sometidos a consultas conforme al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A la fecha, algunas empresas afectadas han presentado demandas de amparo contra la estrategia de la SENER y su implementación inicial por el CENAGAS. Se ha hecho público que el Juez Primero de Distrito especializado en competencia económica ha concedido al menos una suspensión definitiva de los actos reclamados a favor de diez empresas, lo que implica que para éstas no serían exigibles los nuevos requisitos hasta que concluyan sus juicios.
Consideramos que los juicios promovidos por las empresas y, especialmente, las consultas iniciadas por los Estados parte del T-MEC, podrían ejercer cierta presión sobre la administración federal mexicana para replantear una política energética que ha demostrado en los tribunales de manera reiterada, ser contraria a derecho.
