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A finales del mes pasado, la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) de México afirmó en una conferencia de prensa que la interrupción del suministro eléctrico del 28 de diciembre de 2020 se debió principalmente a una falla en la planta eólica San Carlos, en Tamaulipas, que es propiedad de la empresa española Acciona. Dicha conclusión se basó en un peritaje encargado por la propia CFE, que no se ha hecho público.
Esta afirmación es coherente con las declaraciones realizadas por la CFE en enero, en las que responsabilizaba a la variabilidad de algunas centrales de energías renovables como causa de la avería, y es coherente también con las numerosas afrentas del gobierno contra empresas extranjeras en los últimos meses, entre ellas Iberdrola y Enel.
En la conferencia de prensa, la CFE señaló que tomará varias acciones, entre ellas ser más exigente en la verificación de los requisitos de interconexión, implementar un sistema de inspecciones y solicitar a la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) que no otorgue nuevos permisos en zonas que carecen de capacidad de transmisión. Además, pidió a la CRE que suspenda los permisos a las centrales eléctricas que no hayan avanzado en su construcción.
En cuanto a este último punto, cabe señalar que los titulares de permisos de generación tienen varias obligaciones. Entre ellas, respetar el cronograma de construcción, no suspender la construcción por más de tres meses y cumplir con la fecha de operación comercial autorizada. La CRE tiene la facultad de revocar los permisos por no iniciar las actividades contempladas en el permiso, así como de suspender la operación para proteger los intereses del público en cuanto a la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del suministro eléctrico.
Debe existir una base y una justificación adecuadas para suspender las operaciones o revocar los permisos. Ambos implican procedimientos formales, incluyendo el derecho a una audiencia de acuerdo con la Constitución Mexicana. En consecuencia, los titulares de los permisos pueden hacer valer defensas de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que puedan aportar pruebas fehacientes de que han ocurrido.
En cualquier caso, como ya se ha visto, cabe esperar retrasos considerables en la concesión de permisos de generación por parte de la CRE, así como un mayor escrutinio de los permisos existentes, tanto para los proyectos en curso como para los que ya están en funcionamiento. También se espera que la CFE adopte un papel aún más proactivo en los procedimientos de interconexión, especialmente al evaluar los requisitos aplicables antes de la puesta en marcha de una nueva central eléctrica.
En los últimos meses, el sector eléctrico ha recibido varios golpes. La CRE se ha debilitado y ha quedado incapacitada para cumplir con la función que le encomienda la Constitución. Desde los recortes de personal instituidos en 2018 al inicio del sexenio del presidente, los plazos para responder a las solicitudes rara vez se han respetado. Esto sólo se agravará con dos suspensiones de mandato supuestamente justificadas por la pandemia, la segunda de las cuales continúa en vigor hasta nuevo aviso.
Antes era complicado, y casi imposible, iniciar nuevos proyectos de generación de energía; ahora también será difícil mantenerlos.
