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Con la llegada de la pandemia en 2020, la forma en cómo se ejercen ciertas aéreas de la práctica jurídica experimentaron cambios, en algunos casos radicales. Probablemente podamos identificar estos cambios como los más importantes y significativos no provenientes de reformas legislativas, sino que con el marco jurídico existente se realizaron ciertas modificaciones a las herramientas y medios de trabajo para lograr obtener un esquema moderno, eficiente y acorde a las necesidades sanitarias imperantes.
Quienes vieron mayormente modificada su labor fueron los abogados litigantes y el personal de los tribunales, ya que previo a la pandemia, la ley y la tradición, dictaban que los expedientes debían de manejarse en todos los sentidos de forma física, y toda actuación debía de constar necesariamente en papel. Sin embargo, el aislamiento y distanciamiento social ordenado por las autoridades trajo como consecuencia un acelerado avance tecnológico que ha permitido continuar con los procesos, no sin los respectivos retrasos naturales derivados de los esquemas de guardias o por los contagios en los centros de trabajo.
Dichos avances tecnológicos han sido implementados mediante la utilización de sistemas de verificación de identidad y de envío de documentos a distancia a través de plataformas creadas específicamente por las autoridades judiciales federales y algunas locales para tal efecto; estos sistemas ponen a disposición de los litigantes los elementos necesarios para que sea posible la revisión de su expediente a distancia a través de una página de internet o aplicaciones móviles, así como la posibilidad de presentar escritos sin que sea necesario acudir físicamente a las oficinas de los juzgados como sucedía apenas años atrás.
Los anteriores cambios no implican que los juzgados no se encuentren obligados a tener una versión física del expediente, sin embargo, cada día que pasa, la migración hacia un sistema de manejo de un expediente virtual, en contraposición a uno físico, toma más fuerza debido a su eficiencia y naturalidad a partir de los programas en los cuales esos documentos son creados. Por otra parte, el manejo de un expediente virtual durante los últimos dos años logró garantizar el acceso a la justicia previsto en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales, ya que sin dicho avance y ante la suspensión de actividades presenciales en los centros de trabajo, parecía imposible lograr la impartición de justicia.
Bajo ese contexto, los tribunales de los distintos Estados del país han desarrollado las plataformas necesarias para la presentación de escritos a distancia e incluso han desarrollado su propia firma electrónica avanzada (por ejemplo, Estado de México, Coahuila y Tamaulipas, entre otros), misma que requiere que el litigante acuda ante alguna oficina del Poder Judicial para que se realice la verificación de su identidad. Debemos de resaltar al Poder Judicial Federal que logró poner a disposición de todos sus usuarios la obtención de su firma electrónica avanzada a través de medios de verificación remotos mediante un Acuerdo Institucional con el Instituto Nacional Electoral. Dicho esfuerzo sin duda permitió y garantizó el acceso a la justicia en un momento en el que no se permitía al público en general la revisión física de sus expedientes.
Con estos avances se logró que el sistema judicial continuara avanzado y se detuviera el menor tiempo posible durante la pandemia, máxime que la impartición de justicia es una actividad esencial en todo Estado de Derecho. Sin duda hoy en día hay un mejor acceso a los tribunales, y una democratización de la justicia, ya que el acceso a los expedientes judiciales puede realizarse desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento a través de una conexión a internet.
Existen tribunales locales que aún no han logrado los mismos avances tecnológicos, lo cual sin duda los hace menos competitivos y dificulta el acceso a los servicios de justicia. En este sentido la estela de la pandemia en el ámbito judicial nos deja avances tecnológicos, los cuales deben de traducirse y materializarse en una mejor administración de la impartición de justicia, reducción de tiempo y costos, así como una mejor percepción general respecto del trabajo que desempeñan los órganos judiciales.
